Han pasado 15 días desde que las fuerzas armadas del Estado paraguayo asesinaron a dos niñas de 11 años sin que ninguna de las autoridades responsables se haya hecho cargo del crimen de lesa humanidad cometido.

Superando la más trágica sátira, han sido imputadas personas que se manifestaron en repudio a este hecho. Y entre los incriminados, se acusa de no usar tapabocas mientras daban sus discursos en un acto de protesta, a un reconocido poeta de 82 años y a una referente de los DDHH y del Partido Revolucionario Febrerista, ambos perseguidos durante la tiranía militar fascista, como una tenebrosa analogía reforzada por la actual presidencia del hijo de quien fuera miembro del inefable “cuatrinomio de oro” stronista, Mario Abdo Benítez.

La mafia que desde hace décadas tiene secuestrado al Estado paraguayo, ha empleado todos sus aparatos para perseguir, reprimir, encarcelar, asesinar y desaparecer a quienes han osado cuestionar su criminal proceder, y especialmente a quienes han decidido luchar para construir una sociedad más humana y democrática. Las prácticas represivas vuelven a endurecerse en estos tiempos de crisis agudizada por la pandemia y por los niveles de explotación, saqueo, despojo y destrucción de la naturaleza a los que ha llegado el sistema capitalista.

Asesorado por su par colombiano y ahora también el brasilero, e históricamente por el norteamericano, el instrumento coercitivo de este Estado secuestrado, la Fuerza de Tarea Conjunta, genera miedo y dolor atropellando hogares campesinos, criminalizando la organización social, abusando de mujeres, amenazando niños. Como ejemplo tangible del verdadero objetivo que cumplen, la familia de las niñas asesinadas recientemente, asegura que antes fueron torturadas y luego vestidas con uniformes militares para presentarlas como falsos positivos que permitan justificar el millonario presupuesto de la FTC y su criminal actuar.

Han mentido sobre sus edades, destruyeron pruebas, las enterraron sin ser identificadas y sin haber realizado los trabajos forenses correspondientes para determinar con exactitud las posibles circunstancias de su muerte. Y por su parte, el instrumento inquisitivo de este Estado secuestrado, la Fiscalía, se ha encargado de ocultar a los responsables del infanticidio y de castigar a manifestantes, para desviar la atención y a la vez aleccionar a la sociedad entera.

No podemos permitir que esta práctica aplaste a las siguientes generaciones, y nos siga imponiendo esta realidad tan injusta como superable. Llamamos a todas las personas y organizaciones sociales y políticas del campo democrático, a repudiar la repetición de prácticas stronistas que perduran precisamente porque sus operarios se mantienen impunes.

Nuestra plena solidaridad con Miguel Ángel Fernández, Diana Bañuelos y todas las perseguidas y perseguidos políticos. Debemos frenar la escalada represiva imponiendo un ¡Nunca más al Terrorismo de Estado!, en el marco de las luchas justas por trabajo, libertad sindical, seguridad social, jubilación, tierra, educación y salud. Y el debate en los centros de trabajo, lugares de estudio, barrios, comunidades y chacras, debe centrarse sobre lo que significa este continuismo de la mafia en el poder, colocando entre los objetivos, el Juicio y Castigo a torturadores y saqueadores de tiempos del stronismo, con la recuperación de bienes y tierras malhabidas.

Partido Comunista Paraguayo

17 de setiembre de 2020