Paraguayan CP, Sobre la sentencia internacional en el caso Arrom-Martí: EL GOBIERNO MIENTE

6/11/19 4:16 PM
  • Paraguay, Paraguayan Communist Party Es South America Communist and workers' parties

 

 

Es cuestionable y lamentable fallo de la de la Corte Interamericana de DDHH (Corte IDH) del 13 de mayo pasado, porque deja impunes graves crímenes cometidos por el Estado paraguayo y permite lavar el rostro de uno de los sistemas judiciales más corruptos del mundo. Sin embargo, es importante entender que en su sentencia, la Corte Interamericana de DDHH no afirma en ningún párrafo que los ex dirigentes políticos de Patria Libre no hayan sido víctimas de secuestro y torturas en el año 2002 –como intencionadamente pretende el gobierno presentar este fallo–. En sus conclusiones, la Corte solamente afirma que no se pudo probar la participación de agentes Estatales en estos hechos.

El gobierno de Mario Abdo Benítez tergiversa esta resolución de la Corte IDH afirmando que se demostró que Juan Arrom y Anuncio Martí mienten, y que no fueron secuestrados. Inclusive pretenden presentar esta sentencia como prueba de que Juan Arrom y Anuncio Martí son responsables del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi –violando una vez más el derecho a la presunción de inocencia– para fortalecer un nuevo pedido de levantamiento del status de Refugiados otorgados en Brasil en el año 2003 a los mismos. La grave sentencia de la Corte IDH no niega la existencia de los hechos de secuestro y tortura de los que ambos fueron víctimas -y toda la sociedad paraguaya testigo- en el año 2002. Mucho menos significa que ambos fueran responsables del delito secuestro por el cual el corrupto sistema judicial paraguayo los persigue.

 

¿Alguien cree en la justicia paraguaya?

Sin embargo, esta sentencia de la Corte IDH es grave, ya que legitima la fraudulenta investigación que la “justicia” paraguaya realizó sobre el secuestro y tortura de Juan Arrom y Anuncio Martí, una investigación cuyo único propósito fue encubrir las responsabilidades penales de sus propios miembros y las autoridades políticas de entonces. Esta sentencia avala el accionar fraudulento del mismo aparato judicial que ha dejado impunes más de 100 asesinatos políticos cometidos contra militantes del movimiento campesino desde 1989, que ha permitido la extinción de causas penales contra torturadores del régimen stronista, un sistema judicial que de hecho, es continuidad del mismo régimen dictatorial y que por ello ha permitido que la inmensa mayoría de los torturadores, secuestradores y violadores de niñas mueran o sigan campantes entre nosotros sin pagar por sus crímenes.

Es el mismo sistema judicial que ha permitido que las muertes de niños y adolescentes en cumplimiento del servicio militar queden impunes. Es el mismo poder judicial de un Estado que ya ha sido condenado por la Corte IDH por la desaparición forzada de Agustín Goiburú, Carlos José Mancuello, Rodolfo Feliciano Ramírez Villalba y Benjamín De Jesús Ramírez Villalba. Es el mismo sistema judicial –para no ir tan lejos– que condenó como chivos expiatorios y sin pruebas a las y los campesinos sobrevivientes de la masacre de Curuguaty, masacre cuyos autores reales aún siguen impunes sin ser siquiera investigados. Es el mismo sistema judicial dominado históricamente por intereses de grupos de poder que promueven la coima y el tráfico de influencias (de los González Daher, Dionisio Amarilla, etc.) como mecanismos de acceso a la justicia.

Es este poder judicial corrupto y criminal -que avala y promueve el Terrorismo de Estado- ante el cual el gobierno pretende someter a Juan Arrom y Anuncio Martí, si se da lugar al pedido de levantamiento de Refugio Político en Brasil, son detenidos y finalmente extraditados. Pretenden nuevos chivos expiatorios para no investigar con responsabilidad y castigar a los verdaderos culpables de delitos y crímenes, tal como ocurriera con el caso de los seis campesinos presos políticos extraditados de la Argentina y condenados a tambor batiente en el 2012 a 35 años de prisión sin ninguna prueba por un Tribunal maniatado por la presión política.

Así como el levantamiento del asilo y probable extradición del fundador de Wikileaks Julián Assange, y el  encarcelamiento e intento de extradición del delegado de los diálogos de Paz de La Habana, Jesús Santrich,  la sentencia de la Corte IDH sobre el caso de Arrom-Martí es un signo de nuevos tiempos de estrechamiento de los márgenes de acción democrática y sometimiento de toda la legalidad internacional a los intereses de la acumulación del capital y de las potencias imperialistas.

Hacemos un llamado a todas las fuerzas democráticas nacionales e internacionales a respaldar la confirmación del estatus de refugiados de Juan Arrom y Anuncio Martí en Brasil, por no existir las más mínimas garantías de un proceso judicial justo para los mismos en Paraguay y a la apertura de un debate abierto sobre estos signos de reducción de garantías para el ejercicio de la disidencia política en nuestros regímenes de democracias restringidas y dictaduras mafiosas.

 

Comité Central

Partido Comunista Paraguayo

11 de junio de 2019